Es probable que la auditoría de la financiación de Covid descubra más problemas

El senador estatal Scott Hammond fue noticia la semana pasada al pedir una auditoría de cada dólar de ayuda federal COVID gastado en el estado desde mediados de marzo de 2020 hasta mediados de mayo de 2022, de los cuales Nevada recibió miles de millones. 

Esto no es algo inesperado: apenas el mes pasado se dio a conocer una impactante revelación de que una empresa con conexiones políticas, acelerada a instancias de la jefa de gabinete del gobernador Steve Sisolak, Yvanna Cancela, recibió contratos por millones de dólares por lo que resultaron ser pruebas COVID defectuosas. 

Una investigación de ProPublica reveló que Northshore Laboratories, con sede en Chicago, que tenía contratos de pruebas de COVID con la Universidad de Nevada-Reno, el Distrito Escolar del Condado de Washoe y algunas operaciones en Las Vegas, proporcionó a la comunidad pruebas de PCR defectuosas que no daban positivo en el 96 por ciento de los casos. 

Nevada siempre ha tenido dificultades con la transparencia y la apertura. A pesar de los recientes éxitos de la Nevada Open Government Coalition (de la que Nevada Policy es miembro), nuestras leyes de registros abiertos han sido históricamente débiles, y hay un número cada vez mayor de agujeros. 

El ejemplo más atroz se produjo en 2016 cuando la Legislatura del Estado de Nevada, con el apoyo de los burócratas de la Oficina de Asesoramiento Legislativo, nos dijo con cara de circunstancias que … no se considera una “entidad gubernamental.” ¿Cómo lo consideras? 

Esta falta de luz solar es la razón por la que nos unimos al senador Hammond para pedir una auditoría completa sobre: 

• Cómo se gastaron los miles de millones de dólares que recibió Nevada;[Text Wrapping Break] 
• El proceso por el que se concedió el dinero; y[Text Wrapping Break] 

• La conexión entre los receptores y los otorgantes. 

Como señaló el difunto P.J. O’Rourke, es ilusorio pensar que el gobierno malgasta tanto dinero sólo por “ineficacia y pereza”, sino que se requiere un “enorme esfuerzo y una planificación elaborada” sólo por el volumen. 

 Lamentablemente, no estamos solos ante casos como el de Northshore. Se han producido grandes cantidades de fraude, uso indebido e incorrecto en relación con los fondos COVID y su precipitada puesta en marcha en todo el país. En interés de la buena gobernanza, hay que erradicar los que se producen aquí, para garantizar que contamos con las salvaguardias adecuadas para la próxima catástrofe.