Nevada Supreme Court

La demanda del Partido Republicano es vital para proteger nuestro sistema representativo de gobierno

Robert Fellner

En un esfuerzo por defender nuestra constitución estatal y nuestro sistema representativo de gobierno, el Caucus Republicano del Senado presentó recientemente una demanda para invalidar un par de alzas de impuestos que se aprobaron sin el apoyo constitucional de dos tercios.

Después de sucesivas votaciones aplastantes en 1994 y 1996, los ciudadanos de Nevada enmendaron la constitución estatal para exigir un voto mayoritario de dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura para aprobar cualquier proyecto de ley “que cree, genere o aumente cualquier ingreso público en cualquier forma”.

Por lo tanto, cuando los demócratas del Senado intentaron aprobar un par de proyectos de ley que evitarían la expiración de un impuesto y la disminución programada de otro, la mayoría esperaba que esos proyectos de ley requirieran al menos el apoyo de dos tercios para su aprobación.

Sin embargo, la Oficina del Consejo Legislativo (LCB por sus siglas en inglés) determinó que un proyecto de ley que impida la disminución programada de un impuesto existente no aumenta los ingresos y, como tal, puede aprobarse por simple mayoría de votos.

Si bien la mayoría consideraría que la disposición de dos tercios es notablemente clara, la LCB lo encontró vago y ambiguo y, finalmente, concluyó que solo se aplica a las leyes que crean un nuevo impuesto o aumentan directamente uno existente.

La LCB afirmó que cuando la constitución hace referencia a un proyecto de ley que “crea, genera o aumenta cualquier ingreso público en cualquier forma”, en realidad solo se refiere a proyectos de ley que “aumentan directamente los ingresos”, ya sea al aumentar abiertamente un impuesto existente o al crear un nuevo uno.

Pero tal interpretación está estrictamente prohibida por las reglas de construcción estatutaria según lo articulado por la Corte Suprema de Nevada, que requiere que las cortes eviten que cualquier texto constitucional sea “sin sentido o superfluo”.

Debido a que el texto de la disposición de dos tercios hace referencia a cualquier proyecto de ley que “cree, genere o aumente” cualquier ingreso público, incluso si uno encuentra que el texto no está claro y necesita mayor aclaración, la definición resultante debe ser más amplia que solo los proyectos de ley que aumentan directamente los ingresos, para evitar que los términos “cree” y “genere” carezcan de sentido.

En otras palabras, el texto constitucional de “cree, genere o aumente” no puede reducirse a solo “aumentos”.

Es por eso que la cita de la LCB a los Tribunales Supremos estatales de Oregón y Oklahoma no es convincente, ya que ambos tribunales estaban interpretando la forma más estrecha de la frase “proyectos de ley para recaudar ingresos”.

Entonces, ¿a qué se podría aplicar el lenguaje mucho más amplio de Nevada, más allá de los nuevos impuestos o aumentos en los impuestos existentes, como sostiene la LCB?

Irónicamente, la respuesta se puede encontrar en la exploración de la propia LCB en cuanto a la intención y el propósito de este tipo de enmiendas constitucionales aprobadas por los votantes, que fueron promulgadas “en respuesta a una creciente preocupación entre los votantes sobre el aumento de las cargas impositivas”.

La semántica podría permitirle afirmar que evitar que un impuesto disminuya según lo programado no es técnicamente un aumento directo de los ingresos, pero indudablemente genera ingresos y, más aún, aumenta la carga impuesta a los contribuyentes.

Los impuestos pueden considerarse instrumentos financieros en los que el gobierno recauda pagos del público a cambio de producir ciertos bienes o servicios. Al igual que los bonos u otras formas de instrumentos financieros que proporcionan pagos fijos durante un período de tiempo definido, la duración de estos instrumentos es tan importante, si no más, que el monto del pago.

Uno de los proyectos de ley inconstitucionales impugnados por la demanda del Partido Republicano es el Proyecto de Ley 542 del Senado. En 2015, la Legislatura impuso una tarifa temporal de $1 que se cobraría durante cinco años para compensar el costo de un nuevo sistema informático para el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés).

Los ciudadanos de Nevada pagaron la tarifa, que recaudó más de lo esperado, pero el nuevo sistema informático nunca se implementó después de que el contratista desperdició casi $30 millones debido a negligencia grave, corrupción o ambos.

Debido a que el fracaso en el gobierno es recompensado rutinariamente, la Legislatura respondió aprobando un proyecto de ley que extendió el impuesto, en lugar de dejar que expire como lo requería el estatuto original. Pero note lo absurdo de la posición de la LCB: un proyecto de ley que impuso una tarifa de $1 a cobrar durante cinco años activaría a la mayoría de dos tercios, pero un proyecto de ley que haría que esa tarifa fuera permanente no lo haría, a pesar del hecho de que sin duda impondría una carga mucho mayor para los contribuyentes y rendiría significativamente más ingresos que el proyecto de ley original.

Eso fue básicamente lo que sucedió con el proyecto de ley 551 del Senado, que impidió que el Impuesto Comercial Modificado (MBT por sus siglas en inglés) disminuyera según lo programado y, en cambio, hizo que la tasa más alta fuera permanente.

Las empresas planifican e invierten en función de los costos previstos a largo plazo, incluidos los impuestos. Al cambiar la ley para evitar que una disminución programada en el MBT entrara en vigencia, el SB551 sin duda aumentó el costo de hacer negocios en Nevada. Y dado que se ha demostrado empíricamente que los impuestos más altos a las empresas reducen la creación de empleo, la carga impuesta por el SB551 se extenderá a todos los ciudadanos de Nevada.

Por lo tanto, al ignorar la mayor carga de los contribuyentes que proviene de extender la duración de un impuesto, la posición de la LCB no solo contradice el texto simple de la disposición de dos tercios, sino también su intención.

La adopción de la posición de la LCB también crearía incentivos profundamente perversos que alentarían a los legisladores a engañar al público.

Los futuros legisladores que busquen aumentar los impuestos enfrentarán opciones: anunciar el aumento de impuestos propuesto como permanente y reducir la posibilidad de que se apruebe, o prometer que será temporal y aumentar la posibilidad de que se apruebe, sabiendo que luego podría hacerse permanente la siguiente sesión con una mayoría simple de votos.

Esto no es una preocupación hipotética. Parte de la razón por la cual los legisladores republicanos votaron por el Impuesto al Comercio en 2015 fue porque la ley requería que parte del costo adicional se compensara parcialmente con una reducción programada en el MBT. Como se reportó que dijo el senador Ben Kieckhefer, que la reducción programada en el MBT “fue un mecanismo que se insertó específicamente para funcionar como funciona ahora y para desentrañar eso, desentrañar todo el concepto de lo que aprobamos en 2015”.

Al ignorar el texto simple de la disposición de dos tercios y proceder a reinterpretarlo de una manera que deja sin sentido a varias partes del texto, la LCB viola dos de las reglas más fundamentales de la construcción legal: Primero, que los tribunales no pueden mirar más allá de lenguaje legal si es claro y sin ambigüedades a primera vista y segundo, que cualquier reinterpretación del estatuto se realiza de una manera que evite que cualquier parte del texto carezca de sentido o sea superflua.

Además, la interpretación de la LCB viola la intención de la disposición de dos tercios al ignorar los principios económicos, financieros y legales básicos para afirmar falsamente que extender la duración de un impuesto no representa un aumento en los ingresos recaudados o la carga impuesta a los contribuyentes.

Finalmente, la interpretación de la LCB conduce a un conjunto de incentivos políticos que alientan a los legisladores a engañar a los miembros del público que aparentemente representan.

En un sistema representativo de gobierno, donde todo el poder político es inherente a la gente, debería tomar mucho más que la semántica y el juego de palabras para subvertir el texto simple de una enmienda constitucional que los votantes aprobaron por un margen aplastante, dos veces.

El poder judicial debe mantener la intención y el significado claro de la constitución y requerir un voto mayoritario de dos tercios para cualquier proyecto de ley que cree, genere o aumente cualquier ingreso público en cualquier forma, de modo que los ciudadanos de Nevada estén protegidos contra el aumento de las cargas impositivas, según lo previsto.

Robert Fellner

Robert Fellner

Director of Policy

Robert Fellner is NPRI’s policy director and joined the Institute in December 2013. Robert has written extensively on the issue of transparency in government. He has also conducted legal research and assisted in crafting legal arguments for numerous public records-related lawsuits, including one which prevailed at the Nevada Supreme Court, resulting in a landmark decision that protected and expanded Nevadans’ rights to access and inspect government records.

An expert on government compensation and its impact on taxes, Robert has authored multiple studies on public pay and pensions. He has been published in Business Insider, Forbes.com, the Las Vegas Review Journal, the Los Angeles Times, RealClearPolicy.com, the San Diego Union-Tribune, the Wall Street Journal, ZeroHedge.com and elsewhere.

Robert has lived in Las Vegas since 2005 when he moved to Nevada to become a professional poker player. Robert has had a remarkably successfully poker career including two top 10 World Series of Poker finishes and being ranked #1 in the world at 10/20 Pot-Limit Omaha cash games.

Additionally, his economic analysis on the minimum wage won first place in a 2011 George Mason University essay contest. He also independently organized a successful grassroots media and fundraising effort for a 2012 presidential candidate, before joining the campaign in an official capacity.